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Caso Kokorev: “No se pudo concluir que Kalunga blanqueó comprando viviendas en España”

La declaración es esclarecedora y procede de quienes, desde la UDYCO en Las Palmas, siguen investigando al empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev, a la espera de auto de procesamiento tras pasar treinta meses preventivamente en la cárcel de Juan Grande. La subinspectora de esta unidad policial ha comparecido los últimos días ante el juzgado de instrucción nº5 de la capital grancanaria para responder a dos cuestiones capitales que han metido este caso de presunto blanqueo de 20 millones de euros en un atolladero.

Primero, la agente ha tenido que explicar a qué obedece la manipulación en los dispositivos informáticos que se han usado para instruir la causa contra el supuesto ‘amigo’ de Teodoro Obiang en España. Y ha intentado rebajar la importancia procesal que tiene el hecho de que material informático que contenía presuntamente documentos incriminatorios contra Kokorev haya sido alterado, con creación, borrado y modificación de un elevadísimo número de ficheros.

Segundo, la agente se ha visto abocada a esclarecer la relación extraprocesal, al margen del estricto control del juzgado, que la UDYCO canaria ha mantenido con Ismael Gerli, ex empleado de Kokorev y que en una presunta operación de odio y venganza denunció a éste tras ser despedido, en medio de numerosas amenazas y chantajes que han sido acreditados a través de correos electrónicos ante la jueza Ana Isabel de Vega.

En la comparecencia y el interrogatorio al número uno y la número dos de la UDYCO, que están sometidos a un ‘proceso dentro del proceso’ quedó acreditado que Ismael Gerli, que hasta el momento ha evitado declarar, se dedicó durante meses al “suministro y alimentación de la causa documentalmente”, de la misma manera que los agentes policiales admitieron no haber hecho “ninguna indagación sobre el origen o la fiabilidad de la documentación”. Es más, los propios agentes admitieron que esa documentación “se limitaban a cotejarla con otras piezas de información que obtenían por otras vías” distintas a las de Gerli: “la documentación que nos facilitaba, indiciariamente, no era del todo falsa”.

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De esa relación extrajudicial que trababa Gerli con la UDYCO quedó de manifiesto ante el tribunal que la jueza y el fiscal, Luis del Río, sólo “tuvieron conocimiento con posterioridad”. También ante ambos se confesó por parte de la subinspectora que lucha contra el crimen organizado en Las Canarias que accedió a un dispositivo clave entregado por Gerli “sin autorización judicial”, sobre el que manifestó expresamente que “no podemos certificar que pertenece a Igor [hijo de Vladimir Kokorev]”. No se entendió, se admitió en sala por parte de la UDYCO, “que se tuviera que pedir permiso a la jueza y que tuviera que guardarse la cadena de custodia”.

Reclasificación, cortado y pegado de documentos

                Otro de los momentos clave de la declaración de la subinspectora ante la juez ha llegado al ser interrogada por el proceso concreto de manipulación del dispositivo informático cuya exploración desencadenó hace casi tres años el arresto y detención de Vladimir Kokorev. La agente explicó a la jueza que procedió irremediablemente a la manipulación porque “había muchos documentos basura, y organizamos el contenido que había dentro para un mejor estudio”. Para explicar que no se respetaron los archivos que había en el dispositivo, procediendo a cortar y pegar documentos, la agente concluyó que “se reestructuró el contenido para tener un acceso más directo”, lo que ha producido que la configuración inicial de ese dispositivo se haya borrado: no existe.

En el interrogatorio al que fueron sometidos los dos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado quedó patente el choque entre cómo entendían que había que garantizar las pruebas de la instrucción y la forma en que esas presuntas pruebas eran realmente tratadas. En el momento de la detención de Kokorev emitireron una orden asegurando que era “vital que los equipos electrónicos intervenidos sean precintados en presencia de los detenidos y sus abogados”, una forma de proceder que admitieron que no se había cumplido.

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Otro de los puntos conflictivos que han metido la instrucción del caso en punto muerto, y con los acusadores siendo acusados, era la declaración del testigo Gerli ante la policía. En este sentido, los agentes reconocieron que no se llevó a cabo unilateralmente sino, en palabras de las defensas de Kokorev, “a pachas”, con colaboración entre agentes y el propio testigo, cada cual haciendo su parte. En este sentido, añadió la subinspectora que si Gerli ha aportado información falsa con la que se ha dirigido la causa, eso “lo incluiremos en el Informe Final”.

 

Las credenciales, los ingresos y avales bancarios a Kokorev

El interrogatorio al inspector jefe y su número dos entró en cuestiones que atañen al origen de una investigación de persecución presunta de un delito de blanqueo. Así, la policía reconoció que, contra lo denunciado inicialmente, la compañía de Kokorev, Kalunga, no está acreditado que compró viviendas en España para lavar dinero a beneficio de amigos y familiares del líder ecuatoguineano Teodoro Obiang: “pero luego se siguió con la investigación y aparecieron otras cosas, pero ya no tenía tanto que ver con el inicio de la investigación”, ha señalado la agente.

En el juzgado se puso de relieve ante el fiscal Luis del Río, que hasta hoy ha sintonizado con la jueza de Vega, el trabajo de Kokorev en la intermediación de astilleros para la venta de “barcos antiguos que se remozaban y se vendían a Guinea Ecuatorial”, mediación por la que el señor Kokorev “recibía una retribución reflejada en las correspondientes facturas”.

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La propia UDYCO ha reconocido que no se comprobó en su momento que los asesores del empresario hispano-ruso, de la consultora Ernst & Young, habían llevado a cabo “toda la diligencia debida en prevención de blanqueo de capitales, y que consistió en comprobación de credenciales, origen de la fortuna o carta de referencia bancaria”.

Dadas las coordenadas de presunta ‘investigación prospectiva’ llevada a cabo por la justicia canaria, una praxis proscrita por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, el Comité de Peticiones de la Unión Europea (conocedor del caso) ha indicado a los letrados de Vladimir Kokorev el camino procesal del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por presunta vulneración de derechos fundamentales y garantías de los procesados.

Alejandro Entrambasaguas

19 mayo, 2018

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