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‘Caso Kokorev’: la jueza dispone por primera vez de pruebas de manipulación policial

La jueza del Instrucción nº5 de Las Palmas, Ana Isabel de Vega, dispone por primera vez de un informe que acredita la manipulación en la recogida y entrega de pruebas practicada por la policía canaria en el ‘caso Kokorev’, que se sigue contra Vladimir Kokorev, su mujer y su hijo, por ejercer el primero de supuesto testaferro de Teodoro Obiang en España.

La pericia, elaborada por Juan Martos Luque, perito de acreditado prestigio, cuestiona de un modo especial y contundente la memoria USB entregada por el ‘testigo estrella’del caso, el panameño Ismael Gerli, sobre el que pivota gran parte de la acusación y, por tanto, de la instrucción.

En el informe, solicitado por el letrado José Antonio Choclán y sobre el que tendrá que pronunciarse en próximas fechas no sólo la jueza sino el fiscal Luis del Río, se concluyen “las graves deficiencias observadas en algunos soportes analizados, que condicionan la completa invalidez de la prueba, así como la manipulación de determinados particulares unidos a las actuaciones”.

Tras más de dos años de prisión preventiva aplicada a Vladimir Kokorev, se ponen sobre la mesa del juzgado canario datos relativos a la ‘prueba especial’ en la que se había convertido el USB de Gerli: “del análisis del pen drive hemos podido extraer evidencias tanto de manipulación del mismo (con creación, borrado y modificación de archivos) como de la manipulación del acta de declaración de Ismael Gerli (…) La grave irregularidad de la instrucción policial que se denuncia tiene más trascendencia aún cuando tiene lugar en un momento en el que la causa se encontraba secreta”, y Vladimir Kokorev, su esposa Julia y su hijo Igor en prisión provisional en el centro penitenciario de Juan Grande debido, fundamentalmente, a esta prueba que ahora se revela manipulada.

Esta memoria USB era hasta hoy de vital importancia en la instrucción y considerada un pilar sobre el que se mantenía la acusación contra el empresario ya jubilado y enfermo, en sintonía y alineamiento hasta la fecha de jueza y fiscal.

Ausencia de ADN digital que certifique la autenticidad de la prueba

Entre el rosario de irregularidades, resulta de lo más sorprendente (por básico) incluso la ausencia del código hash, el algoritmo matemático que equivale al ADN de cualquier documento digital. Durante la pericial se preguntó a los agentes de policía por el código,y éstos admitieron “que no disponen de ningún hash relativo al referido dispositivo, por cuanto nunca se habría llevado a cabo operación alguna para su obtención”.

Esta circunstancia es crucial en la medida en que esta firma digital es imprescindible en un proceso de tratamiento de este tipo de evidencias ante cualquier tribunal: es el único modo de poder verificar que no se han producido alteraciones ni manipulaciones por parte de miembros de las fuerzas de seguridad que hayan podido tratarlo.

En este sentido, el perito concluye no sólo en relación a supuestos documentos de los Kokorev que se almacenaban en el USB sino en relación a la propia declaración ante la policía de Gerli, que “se observa la existencia de numerosas evidencias de que el dispositivo original ha sido manipulado en momentos posteriores a la declaración presentada por el Sr. Gerli (…) queda acreditado que los agentes de la embajada de España en Panamá utilizaron el pen drive que aportó D. Ismael Gerli para almacenar la declaración que, con fecha 8 de octubre de 2015 hizo éste, procediendo con posterioridad a la eliminación del documento del soporte (…) una clara alteración del contenido original del soporte entregado por el testigo, vulnerando las normas más elementales de preservación de la evidencia digital que requiere una adecuada cadena de custodia”.

Las alteraciones son en este sentido numerosas: “al menos cinco carpetas que son generadas en el pen drive después de que el Sr. Gerli formulase su declaración (…) el análisis de la carpeta ‘documentos rescatados’, creada con posterioridad a la declaración del Sr. Gerli ha puesto de manifiesto que, junto con la referida carpeta y estando el pen drive original bajo la custodia de la Policía, fueron generados en el mismo un total de 194 archivos”, concluye científicamente Martos Luque; que añade:“de la lista de archivos creados, la aparición de cada uno de ellos se produce de manera secuencial, con un lapso de tiempo inferior a un segundo en la mayor parte de los casos. Esto implica que los archivos no han sido creados de manera original en diferentes momentos a lo largo del tiempo, sino que han sido generados en masa como parte de un proceso automático”.

La conclusión del documento que ha llegado hace días al Instrucción nº5 de Las Palmas es que “a la vista de semejante cúmulo de manipulaciones sobre el dispositivo original, de una cantidad tan elevada de archivos nuevos generados de forma secuencial, hay como un intento de recuperación de información eliminada ejecutado de manera errónea de consecuencias irreparables”. Así, las acciones llevadas a cabo por la UDYCO canaria contra la prueba antes de entregarla a la jueza “han ocasionado, no sólo la alteración del contenido original, sino la destrucción de aquellos archivos que, habiendo sido eliminados, pudieran ser objeto de recuperación mediante las herramientas y procedimientos adecuados”.

La autoría de los documentos es policial, no concluyéndose ninguna otra

De la pericia no sólo se desprende explícitamente que sobre el pen drive no se ha “mantenido una adecuada cadena de custodia” o que “existen indicios o evidencias de manipulación del contenido” por parte de agentes de la UDYCO canaria.

En relación a la presunta propiedad del contenido de la prueba, que la jueza había atribuido a Igor Kokorev (hijo de Vladimir, también apartado durante dos años en prisión provisional), el informe señala que “existen únicamente cuatro archivos en el pen drive cuya autoría es atribuible, a la vista de sus metadatos, a usuarios vinculados a la DGP, siglas que según mi leal saber y entender han de corresponder a la Dirección General de la Policía”. 

Martos Luque abunda en que “al margen de los metadatos que confirman a usuarios de la DGP como autores de algunos de los documentos (…) existen 194 archivos que han sido creados en fechas posteriores a la declaración del Sr. Gerli, encontrándose el pen drive examinado bajo custodia de la Policía. La situación de corrupción de estos 194 archivos impide conocer el autor de los mismos antes de que fuesen eliminados”.

De forma específica, y mediante el programa X-Ways Forensics, “se ha obtenido la información de metadatos de los archivos presentes en el pen drive objeto de análisis (…) la mayor parte de los archivos están eliminados y/o presentan corrupción debido al proceso de recuperación mal ejecutado al que ha sido sometido el medio. Por este motivo, no es posible conocer la autoría de la gran mayoría de los archivos presentes en la unidad a día de hoy”.

Llueve sobre mojado: denuncias en el Parlamento Europeo y la Fiscalía General del Estado

Las conclusiones de la pericia sobre el material informático incautado a los Kokorev cuadran con la resistencia que habían tenido los agentes para poner ese material a disposición del juzgado y de la magistrada De Vega en tiempo y forma.

El pasado mes de septiembre y tras retiradas peticiones, la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó la entrega de la memoria USB a la jueza. Cuatro meses después, el pasado diciembre, ésta dirigió un escrito escueto y contundente a los policías advirtiéndoles que incurrirían en delito de desobediencia si no entregaban el material.

La Fiscalía General del Estado y el Parlamento Europeo tramitan diversos expedientes por irregularidades/ilegalidades en la instrucción de este caso que se prolonga (tras dos archivos de la causa en Madrid) durante más de una década.

Las personas inicialmente investigadas, de origen ecuatoguineano y conocidas o familiares del presidente Teodoro Obiang por el presunto desvío a España de unos 20 millones de euros, están fuera de la causa. Contra el empresario Vladimir Kokorev, acusado de ser ‘hombre de paja’ de Obiang, se reactivó el proceso hace dos años y medio a raíz de la aparición de la ‘prueba’ que hoy se manifiesta adulterada.

Alejandro Entrambasaguas

19 marzo, 2018

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